EL NUEVO GOBIERNO DEBE REIVINDICAR AL CARIBE NICARAGUENSE

Ronald Hill Álvarez
hillron@hotmail.com

Nueva Guinea, RAAS-Nov. 21-06-Nicaragua ha practicado uno de los procesos más importantes de la democracia al elegir sus ciudadanos a los nuevos gobernantes en el ejecutivo y en la asamblea nacional. Todas las fuerzas políticas, en mayor o menor medida según los resultados electorales con representación en la asamblea nacional, hicieron promesas durante la campaña electoral y deberán trabajar para cumplirlas. Para los costeños, los habitantes de la Costa Caribe Nicaragüense, está por encima de promesas que luego se incumplen, la reivindicación de nuestros derechos a vivir una vida digna y en armonía entre nuestros diferentes grupos étnicos, con su propias particularidades y formas de ver el mundo, así como con el resto de nuestros hermanos de la región del pacifico y central. Para ello, el nuevo gobierno debe cumplir con la reivindicación histórica del Caribe Nicaragüense, de lo contrario volveremos siempre a la marginación y aprovechamiento de nuestros recursos por parte de agentes externos e internos inescrupulosos y, sin lugar a dudas, caeremos en los mas bajos niveles de pobreza del país, en la trampa del narcotráfico y continuara la migración de nuestros jóvenes ante una nación que no logra generar las alternativas que históricamente se demandan en el marco del proceso autonómico que se vive.

Porque no es posible que los pueblos de la Costa Caribe Nicaragüense reivindiquen sus derechos a tener una vida digna si hasta la saciedad es del conocimiento de la nación que en ese inmenso territorio se encuentran las mayores riquezas del país? La respuesta es sencilla: porque ningún gobierno ha tenido la voluntad política de trabajar para lograrlo y cumplir lo que establece nuestra Constitución Política en Titulo I, capitulo único y articulo V “El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución”. Con el solo hecho de que los gobernantes cumplan con lo que manda la Constitución, además de jurar que la harán cumplir cuando asumen la banda presidencial, la Costa Caribe Nicaragüense reivindicaría su derecho al progreso y bienestar.

Ese es un reto histórico para Nicaragua entera, más aun cuando estamos en los albores del siglo XXI. El país no puede continuar teniendo dos grandes territorios: uno que progresa y otro que cada vez más se empobrece producto de una visión sesgada y etnocéntrica de los gobernantes que consideran al Caribe como frontera natural para explotar sus recursos. Esa visión no puede continuar en un nuevo gobierno después del 10 de Enero del 2007.

La Costa Caribe Nicaragüense debe ser valorada en su dimensión política, económica, social, cultural y geográfica. Para ello es urgente que se profundice el proceso autonómico, que conlleva aciertos y desaciertos, pero que es el camino que la nación ha trazado para reivindicar a los habitantes de ese inmenso territorio. Ese camino implica que se garantice el derecho de los pueblos indígenas al uso y usufructo de sus tierras en el marco de la ley de tierras. Propiciar condiciones para que se puedan desarrollar los Programas de Educación y Salud diseñados en el marco autonómico y el trabajo armónico por parte del ejecutivo con los Consejos Regionales del Norte y Sur es prioritario para generar condiciones de progreso y bienestar. Esto implica redefinir el marco y forma de las relaciones del gobierno central con las Regiones Autonómicas.

De igual manera y con urgencia se deberá definir una estrategia que incorpore a los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y Paiwas al proceso autonómico o, en caso contrario, debatir y profundizar la viabilidad de crear un nuevo departamento con ellos y puedan así participar activamente en la gestión del desarrollo de su territorio y población, derecho que hasta hoy la autonomía no ha logrado llevar a esa zona llamada Zelaya Central.

 

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